Asagua aboga por un pacto nacional del y por el agua
La Asociación Española de Empresas de Tecnologías del Agua, Asagua, ha reiterado en su Asamblea Anual la sequía inversora que sufre el sector, agravada con el cierre anticipado del ejercicio presupuestario 2016. Como consecuencia, las licitaciones fueron escasas y las empresas continuaron con problemas para conseguir contratos.
La inversión, prácticamente inexistente en aras de cumplir los objetivos de déficit, afecta a la competitividad de las empresas y del país. “Cuando la inversión es escasa y no existe una buena planificación, se construyen menos infraestructuras, se mantiene y conserva peor su stock y se gasta menos en I+D+i que es esencial para aumentar la competitividad”, afirmó el presidente de Asagua, Sergio Pepió.
La escasez de licitaciones ha propiciado que las ofertas económicas representen bajas superiores al 40% del presupuesto de licitación. En los pliegos de cláusulas administrativas, prevalece la oferta económica sobre la técnica, suponiendo entre 60 y 80 puntos sobre 100. Sin embargo, seleccionar la mejor oferta persigue garantizar el cumplimiento del contrato, “por ello, desde Asagua consideramos que debe tenerse en cuenta los criterios de solvencia técnica y económica específicos del contrato, ya que no todas las empresas son aptas para todos los trabajos”.
En su objetivo de ser un instrumento al servicio de todas las Administraciones Públicas para lograr una gestión eficiente de los recursos hídricos, Asagua realiza un decálogo de propuestas razonadas y argumentadas para conseguir una inversión planificada sostenible y sostenida en el tiempo, y alude a la voluntad política para lograr un pacto nacional del y por el agua que permita la debida solidaridad entre las diferentes regiones del país.
Decálogo de propuestas de Asagua
Asagua ha presentado un decálogo que supondría la reactivación del sector, recuperando la competitividad. Es el siguiente:
- Inversión sostenible y sostenida en el tiempo: Mejora del empleo y garantía de mantenimiento de la capacidad del sector
- Modificación en los pliegos de los concursos, tendente a equiparar la valoración de las ofertas técnica y económica, incluso prevaleciendo la primera; establecimiento de requisitos de solvencia y umbrales de temeridad y su obligatoria aplicación.
- Valoración de las ofertas económicas mediante fórmulas que no propicien bajas irreales: La oferta más ventajosa para la Administración no suele ser la más barata.
- Evitar en lo posible los concursos de proyecto y obra, que suponen un gasto muy elevado para los licitadores. En su lugar, establecer procesos de precalificación y de presentación de memorias técnicas breves.
- Revisión los Planes Hidrológicos de Cuenca y aprobar el Plan Hidrológico Nacional.
- Revisión las competencias en materia de agua, ahora residenciadas en los entes locales, que no siempre tienen recursos suficientes para ejecutar ni mantener las infraestructuras de agua.
- Actualización de la Ley de Aguas teniendo en cuenta el mandato de la Directiva Marco del Agua, que obliga a incluir en el precio del agua todos los costes, incluso los de construcción de las infraestructuras.
- Cumplimiento de la Directiva Marco: Incumplimientos en depuración y sentencias condenatorias contra España de las que derivarán cuantiosas sanciones.
- Aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público para adecuarla a la Directiva europea, así como la Ley de Sectores Especiales (agua, energía y otros) y la de concesiones.
- Regular la colaboración público-privada y desarrollar la Compra Pública de Innovación.
