La INTERPOL coordina un proyecto europeo contra los RAEEs no controlados
Tras dos años de investigación sobre el mercado de los RAEEs en Europa ha concluido que el comercio ilícito o no regulado en la región representa unas diez veces la cantidad de basura electrónica indocumentada exportada en Europa.
El informe, en el que han participado la Universidad de las Naciones Unidas (UNU), el Foro Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), entre otras instituciones, fue coordinado por la Interpol. La investigación señala que más de diez veces las 400.000 t de basura electrónica exportada (unas 4,7 Mt) fue mal gestionado u objeto del tráfico ilegal dentro de Europa.
Estos robos ampliamente extendidos de componentes valiosos de los residuos electrónicos ocasionan una seria pérdida de materiales y recursos para los procesadores de residuos en Europa, ascendiendo a una pérdida anual estimada entre 800 M€ y 1.700 M€.
El informe también señala que, según datos de la agencia policial Interpol, sólo 2.000 t de basura electrónica son aprehendidas en operaciones que terminan en algún tipo de sentencia o multa. Y un 30 % de los miembros de la UE no han puesto en marcha normativa para enfrentarse al problema y las penalizaciones por actividades ilegales relacionadas con la basura electrónica no son lo suficientemente serias para tener un valor disuasorio.
David Higgins, de Interpol y uno de los coordinadores del proyecto, declaró que “esta forma de tráfico ilícito es vulnerable a actividades ilegales y los gobiernos deberían prevenirlo utilizando castigos penales y administrativos que reflejen el valor de los beneficios ilícitos”.
Los autores del estudio proponen una serie de recomendaciones, entre ellas la creación de una red para recopilar información sobre el tráfico ilegal de basura electrónica e identificar riesgos asociados con el crimen organizado, así como un grupo de trabajo sobre seguridad medioambiental para coordinar operaciones e investigaciones.
El informe también recomienda la capacitación especial de jueces y fiscales sobre delitos relacionados con la basura electrónica, la prohibición de transacciones en efectivo para el comercio de desechos metálicos y sistemas de inspección y control nacionales.
