El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética

La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado con competencia legislativa plena el Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética, que será remitido al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria sin necesidad de pasar previamente por el Pleno del Congreso. 

La vicepresidenta ha subrayado que todos los grupos parlamentarios han venido trabajando en la definición de esta ley desde que el pasado 19 de mayo el Consejo de Ministros la remitiera a la Cámara Baja. Para Teresa Ribera, “hoy es un día importante”, en el que se aprueba un proyecto de ley “enormemente ambicioso, reforzado en materia de gobernanza, de participación y de transparencia”. El texto, que ahora pasa para su tramitación final en el Senado, se presenta como “una herramienta que permitirá construir un país más seguro frente a los impactos del cambio climático, modernizar la industria española, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización”, según ha señalado la vicepresidenta. El proyecto de ley establece objetivos de reducción de emisiones, de renovables y de eficiencia energética que se sitúan por encima de aquellos asignados por la Unión Europea a España.

Los miembros de la Comisión, reunida hoy, jueves 8 de abril, desde las 10:00 horas, han dado luz verde al dictamen por 22 votos favorables, 5 en contra y 10 abstenciones. Este texto incluye el Informe de la Ponencia, modificado con las enmiendas acordadas en Comisión. 

En la fase previa, los grupos presentaron 758 enmiendas, de las cuales en la sesión de hoy se han aprobado 3 y se han acordado 16 enmiendas transaccionales. La Comisión ha dado el visto bueno a la enmienda nº 328 y a la nª 326, en base a una enmienda transaccional, del G.P. Vasco (EAJ-PNV), y a la nª 3 del G.P. Ciudadanos. 

Este proyecto de ley, cuya tramitación se está realizando por el procedimiento de urgencia, superó su primer examen parlamentario el pasado 14 de julio, cuando el Pleno del Congreso rechazó la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Vox. 

Fase de Ponencia 

Durante el trámite en Ponencia, se ha acordado incorporar numerosas modificaciones en base a enmiendas transaccionales en la exposición de motivos y en el articulado del proyecto. Además, se han aprobado cuatro disposiciones adicionales nuevas y una disposición transitoria nueva, así como modificaciones en las disposiciones transitorias primera y segunda. 

Por otro lado, se han suprimido las disposiciones finales 1ª, 2ª, 4ª, y 9ª del texto por contener mandatos normativos que ya están en vigor y se han aprobado disposiciones finales nuevas.

Objetivos mínimos nacionales para los años 2030 y 2050 

En relación a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética, esta norma establece varios objetivos mínimos nacionales para el año 2030, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en, al menos, un 23% respecto del año 1990; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, como mínimo, un 42%; lograr una sistema eléctrico con, por lo menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable, y mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.  

De igual modo, antes de 2050 y en todo caso, en el más corto plazo posible, España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable.  El Consejo de Ministros podrá revisar al alza los objetivos establecidos para, entre otros fines, adaptarlos a la evolución de los avances tecnológicos y del conocimiento científico y cumplir con el Acuerdo de París y la normativa de la Unión Europea.

Por otra parte, el texto recoge como instrumentos de planificación para abordar la transición energética los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la  Estrategia de Descarbonización a 2050. El Gobierno deberá aprobar esta estrategia, mediante real  decreto, para establecer una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía  española hasta 2050, necesaria para cumplir con los objetivos señalados y de conformidad con lo exigido por la normativa de la Unión Europea.

Transición energética y movilidad sin emisiones

De acuerdo a esta norma, a partir de su entrada en vigor no se otorgarán en el territorio  nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de materiales con propiedades radiactivas y de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos. Tampoco se admitirán actividades de explotación de hidrocarburos en las que estén previstas la utilización de la fracturación hidráulica de alto volumen, conocida como «fracking».

En lo que respecta al desarrollo de la estrategia de descarbonización a 2050, el texto prevé que se adopten las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que  los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados  como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan  paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean  vehículos con emisiones de 0 g CO2/km establecidas conforme la normativa  comunitaria. 

Además, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares deberán adoptar planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023, que introduzcan medidas de mitigación para permitir la reducción de las emisiones derivadas  de la movilidad. 

Rehabilitación de edificios y desarrollo rural

Esta norma contempla que el Gobierno fomentará la renovación y rehabilitación de los edificios existentes, tanto públicos como privados, para alcanzar la alta eficiencia energética y  descarbonización a 2050. Por ello, en un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor  del texto, el Ejecutivo deberá elaborar un Plan de Rehabilitación de  Viviendas y Renovación urbana. 
En cuanto al desarrollo rural, el despliegue de las energías renovables deberá llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada  ordenación territorial. 

Por otro lado, las Administraciones Públicas fomentarán la mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en la salud pública y sobre las iniciativas encaminadas a su prevención. De igual forma, el Gobierno deberá revisar el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en el currículo básico de las enseñanzas que forman parte del  sistema educativo de manera transversal.

Mediante este proyecto de ley también se crea el Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética como órgano responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las  políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Para ello, deberá elaborar anualmente un informe que será remitido al Congreso de los  Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.  

Un texto reforzado y participado

La vicepresidenta ha querido subrayar que todos los grupos parlamentarios han venido trabajando en la definición de esta ley desde que el pasado 19 de mayo el Consejo de Ministros la remitiera a la Cámara Baja. “Es un texto reforzado en materia de ambición, gobernanza, participación y transparencia, que se ha visto enriquecido gracias a las contribuciones de las distintas formaciones políticas, gracias a las aportaciones de sectores sociales y económicos muy diferentes, gracias a la ciencia”, ha manifestado.

Este proyecto de ley plantea cómo prepararnos para los impactos del cambio climático y cómo prevenir sus causas con herramientas de adaptación, anticipación y resiliencia. “Es prioritario asegurarnos de que todos los recursos públicos y privados son destinados al aprovechamiento de las oportunidades y a la disminución de los costes asociados a los efectos climáticos con los que ya, desgraciadamente, convivimos”, ha insistido Ribera.

Asimismo, ha señalado que la nueva ley permitirá modernizar nuestra industria y hacerla competitiva en los nuevos mercados, fortalecer nuestro tejido social, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, guiado por criterios de justicia social y estrategias de transición justa.

La vicepresidenta ha destacado que este proyecto constituye un primer paso para articular el resto de políticas y medidas, y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta. “Debe servir de marco institucional y de referente para dar certidumbre y estabilidad, y movilizar la acción climática”, ha remarcado.

Teresa Ribera ha recordado que el proyecto de ley marca objetivos cuantificados de gases de efecto invernadero, de renovables y de eficiencia energética, que constituyen un mínimo inquebrantable porque se revisarán siempre al alza. Estos objetivos se sitúan por encima de aquellos objetivos asignados por la Unión Europea (UE) a España. El proyecto está alineado con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que recoge las medias y herramientas necesarias para poner en marcha la transición ecológica recogida en el proyecto de ley y que ha sido valorado de manera muy positiva por las instituciones comunitarias.

Unas metas más ambiciosas que las exigidas por la UE

Esta “ambición inquebrantable”, en palabras de Teresa Ribera, se ve reflejada, por un lado, en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura): España se compromete a una reducción del 39%, 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea.

Asimismo, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece para España un 42%. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.

“Sin duda, es un esfuerzo grande que merece la pena acometer y que siembra grandes oportunidades de innovación y de conocimiento”, ha afirmado Ribera, en referencia a “una ley que garantiza cauces de participación, de actualización y de mejora constante”. Una ley que es buena para todos, para las generaciones actuales y las futuras, para no dejar a nadie atrás, a ningún colectivo y a ningún territorio, para proteger la competitividad de nuestro tejido industrial y para proteger la biodiversidad. En definitiva, es un proyecto de país creíble en línea con la transformación y recuperación de la crisis del COVID en clave verde por la que apuesta la UE para todos los sectores de la sociedad.

Fuente: Congreso de los Diputados y Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico