Los biorresiduos en el marco de la economía circular
Los mejores datos disponibles, que no siempre coinciden con los oficiales, aseguran que aproximadamente el 37,5% de los residuos municipales son biorresiduos. Para hacerlo fácil se podría establecer tres orígenes principales de los mismos: los domiciliarios, los de grandes generadores y aquellos que provienen de restos de podas y jardines.
Cuando se trata de planificar el futuro, lo primero que es imprescindible es hacer un diagnóstico correcto del presente. Un error en el diagnóstico concluirá, inevitablemente, con un fiasco en la prospectiva. Hasta ahora los estudios más audaces establecían que los biorresiduos provenientes de grandes generadores suponían el 25% del total de los biorresiduos de origen municipal. Digo los más audaces porque realmente hay muy pocos estudios con peso específico suficiente para poder comparar. Sin embargo, el último estudio serio y solvente que nos llega desde Cataluña y, en concreto, de la Agencia de Residuos de Cataluña cifra aquél porcentaje en casi un 45%. Otro 5% serían biorresiduos procedentes de las podas y jardines y el 50% restante de los domicilios. Este dato es crucial porque tiene necesariamente que ser la piedra angular de cualquier estrategia y no coincide con los postulados actuales.
Cuyo sea, dicha estrategia necesita de muchas condiciones de contorno que, si bien pudieran parecer de índole secundaria, se convierten en condiciones fundamentales para el éxito.
En primer lugar, para conseguir los porcentajes de reciclado del 65% —previstos en el nuevo paquete de economía circular para el año 2030— parece ineludible implementar con carácter general la recogida separada de los biorresiduos, la gran duda existente es cómo se paga esto. En primer lugar, debe existir un tratamiento diferenciado para que los ciudadanos que separan bien sus residuos y generan poco paguen menos que aquellos otros que no separan y generan mucho. Esto sólo puede conseguirse con una tasa de basura completa y transparente del tipo “paga por lo que tiras”. Por suerte o por desgracia ir a remolque de los “primeros de la clase” entre los Estados de la Unión Europea en materia de reciclado y valorización tiene la ventaja de que “han inventado ellos”. Y está absolutamente demostrado, más allá de cualquier duda razonable, que el único instrumento válido para profundizar en los resultados de prevención y reciclado es esta tasa del tipo “paga por lo que tiras”. Es absolutamente imposible dar pasos de gigante para llegar a esos objetivos del 2030 con una fiscalidad como la que hay hoy en España en relación con los residuos.
Otra duda muy generalizada es qué hacemos con el bioestabilizado, que por obra y gracia de una definición autárquica de la ley española de residuos ha quedado fuera de los circuitos posibles de uso. Como para el gobierno español el bioestabilizado no es un compost, ni bueno ni malo, y no existe ninguna norma de uso del mismo, en pureza no se puede utilizar para nada y esto es un despropósito. En todo el ámbito de la Unión Europea lo producido en un proceso de compostaje a partir de basura mezclada se llama compost, menos en España. Eso no quiere decir que las normas de uso para el compost “pata negra” y el bioestabilizado no tengan diferencias. Pero los operadores afirman que una buena parte del bioestabilizado producido en sus instalaciones cumple las normas y las características de un compost de clase B. No se entiende que un país cuyo suelo está en buena parte erosionado o desertificado no tenga un plan que permita utilizar como enmienda orgánica este compost que, sin ser “pata negra”, posee calidad suficiente para este uso.
Carlos Martínez Orgado. Presidente de Honor Fundación para la Economía Circular
Artículo publicado en: FuturENVIRO Diciembre 2015
