Los sistemas colectivos de residuos merecen un esfuerzo legislativo

Los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), antes conocidos como Sistemas Integrados de Gestión (SIG), se han convertido en la práctica más habitual para la recogida y el reciclaje de todos los flujos de residuos regulados. La razón no es otra que el haber demostrado su eficacia y viabilidad, tanto medioambiental como económica. Por ello, sorprende que este modelo aún sea objeto de ataques y manipulación por parte de algunas entidades y sectores de la opinión pública.

Primero fueron el vidrio y los envases, más tarde el cartón y el papel y, desde hace unos años, los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas. En todos estos flujos de residuos, legisladores y expertos han considerado que el principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) es la fórmula más adecuada para hacer frente al reto medioambiental de garantizar su correcto reciclaje. Este concepto fue introducido en 1990 por Thomas Lindhqvist, ministro de Medio Ambiente de Suecia, quien definió la RAP como un “principio de política ambiental que promueve la optimización total del ciclo de vida de los productos, por medio de la responsabilidad ampliada del productor a varias etapas de dicho ciclo y, especialmente, a las de devolución, recuperación y disposición final del producto”.

Asumida también por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la RAP rige prácticamente toda la legislación europea en materia de gestión de residuos en base al principio: “quien contamina paga”. Según este, los productores son responsables del reciclaje de los productos que ponen en el mercado cuando finaliza su vida útil, así como de cumplir los objetivos obligatorios de recogida y valorización. Esto implica la recogida y canalización selectiva de los residuos, su descontaminación -esencial en el caso de pilas y equipos electrónicos-, tratamiento y la recuperación del volumen máximo de materias primas aprovechables.

En este sentido, estas agrupaciones de productores que, sin ánimo de lucro, comparten esfuerzos y costes para mejorar la eficiencia en la logística de la recogida y reciclaje, han demostrado ser el modelo más eficiente para la gestión de toda clase de residuos y su aceptación social. Para ilustrarlo, basta con arrojar unas cifras. En 2015, España recicló el 74,8% de los envases generados, alcanzando las 1.300.339 toneladas (3,3% más que en 2014), según datos de Ecoembes, el sistema colectivo dedicado a la gestión de este tipo de residuos en nuestro país.

En cuanto a pilas y baterías, Ecopilas recogió 2.522 toneladas el año pasado, el equivalente al 45% del total puesto en el mercado. La fundación logró así adelantarse un año a la consecución del objetivo mínimo de recogida establecido por las normativas española y europea para 2016, fijado en el 45% de las puestas a la venta anualmente por los fabricantes. Cabe señalar que, según la Comisión Europea, la mitad de los países de la Unión Europea no alcanzará este objetivo, fundamentalmente, por carecer de sistemas de recogida
y, por tanto, de datos auditados. Asimismo, gracias a la labor de los sistemas colectivos, España ya es el segundo país con más puntos de recogida de pilas de Europa, con el 10% de los 380.935 instalados por los sistemas colectivos asociados a Eucobat, asociación que agrupa a los 16 sistemas colectivos más importantes de Europa dedicados a la gestión de estos residuos. Nuestro país solamente es superado por Alemania, con 169.658 puntos.

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José Pérez, Consejero delegado de Recyclia

Artículo publicado en: FuturENVIRO Nº36 Diciembre 2016 – Enero 2017