Todo un sector contra el eSIR

Este sistema telemático de notificación de traslado de residuos ha logrado el dudoso honor, en apenas un mes de uso, de unir a las principales asociaciones de la industria del reciclaje en contra de su uso por su falta de capacidad de tramitación, sus innumerables errores y su compleja operatividad.

 Ion Olaeta, presidente de FER, miembro de la Junta Directiva de EuRIC y Vicepresidente de la EPRB (European Plastics Recycling Board).

Desde el pasado día 1 de septiembre, los operadores deben hacer uso obligatorio del eSIR o del sistema telemático de aquellas comunidades autónomas que dispongan del suyo propio para los traslados de residuos sujetos al procedimiento de notificación previa. En apenas un mes de uso, como desgraciadamente aventuramos ya hace tiempo desde FER, el sector recuperador teme una paralización de la actividad sin precedentes por el mal funcionamiento de la tramitación electrónica obligatoria.

Así se lo hemos hecho saber, nada menos que a través de un escrito firmado por 20 organizaciones que representamos a distintas actividades de producción y gestión de residuos, al Ministerio para la Transición Ecológica, solicitando al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la suspensión temporal de la plataforma telemática eSIR hasta que se pueda garantizar su funcionamiento.

En FER recibimos multitud de comunicaciones diarias de nuestras empresas socias denunciando que dicha plataforma no está suficientemente operativa por su falta de capacidad de tramitación, sus continuos errores y su dificultad de uso.

Todo ello hace imposible que se puedan realizar los trámites digitales que establece la legislación, lo que genera inseguridad jurídica e incumple los objetivos de la norma.

Es tal la preocupación de los productores y gestores sobre la situación actual, que sospechamos que el uso del eSIR puede llevar a la paralización de las recogidas de residuos, una cuestión muy grave que tendría consecuencias sanitarias, medioambientales y en el empleo.

En la misiva enviada al Secretario de Estado de Medio Ambiente, también hemos reclamado la necesidad de establecer un trámite alternativo que otorgue seguridad jurídica cuando la tramitación electrónica no sea posible de realizar por causas ajenas a los administrados.

Pese a que el objetivo de este procedimiento electrónico es poder trazar los residuos desde sus puntos de generación a los de tratamiento para asegurar el tratamiento más adecuado a sus características, algo que las organizaciones afectadas apoyan y promueven desde hace años por ser la digitalización de este proceso la piedra angular para lograr una economía más circular, no es menos cierto que, a día de hoy, no es posible realizar este procedimiento de forma electrónica.

No lo es, en primer lugar, porque los tiempos de tramitación son excesivos. Frente a las estimaciones que se hicieron cuando se anunció este nuevo sistema, que suponía emplear menos de cinco minutos por cada documento que se tramitara, actualmente se está llegando a emplear incluso una hora por documento. Estos tiempos son totalmente inviables si se tiene en cuenta que hay empresas que deben tramitar mil documentos diarios. Esto supone que, actualmente, se está tramitando muy por debajo del diez por ciento de los documentos necesarios.

En segundo lugar, el estado de actualización de la base de datos que utiliza la aplicación, el Registro de Gestores y Productores de Residuos (RGPR), es insuficiente y presenta faltas y errores. Esta actualización, que es responsabilidad de las comunidades autónomas, debería ser constante para que todas las empresas del sector figuraran en ella, algo que no está ocurriendo.

Finalmente, en estos momentos la plataforma no permite tramitar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Todo ello genera inseguridad jurídica porque desde el ministerio no se ofrece una alternativa temporal hasta que se solventen unos problemas que competen únicamente a las administraciones públicas.